La legislación de drogas de Argentina, vigente desde 1990, comenzó a mostrar sus limitaciones y consecuencias negativas a mediados de esa década. La política basada en la penalización del consumo y la tenencia de drogas no sólo fue ineficaz en la reducción del uso de sustancias, sino que también llevó a la estigmatización y criminalización de los usuarios. Dicha problemática impulsó a diversos actores sociales y organizaciones a buscar alternativas más humanas y efectivas, como ARDA (Asociación de Reducción de Daños de Argentina) y PAF (Proyecto de Atención en Fiestas)
 

El núcleo del nuevo paradigma es la reducción de daños y riesgos. Se trata de una estrategia que acepta el consumo de drogas como una realidad social y se enfoca en minimizar sus efectos negativos. En lugar de perseguir y castigar a los usuarios, se les ofrece información y recursos para reducir los riesgos asociados al consumo.

La despenalización de la tenencia para consumo personal es otro pilar fundamental. Este enfoque reconoce que la criminalización de los usuarios no resuelve los problemas asociados con las drogas, sino que los agrava. Al eliminar las penas para la posesión de pequeñas cantidades, se reduce la carga sobre el sistema judicial y se evita la estigmatización de los consumidores.
 

La implementación de estas políticas se vio reflejada en varios ámbitos: en fiestas electrónicas, recitales de rock y otros eventos masivos donde se realizan intervenciones destinadas a la reducción de daños. Estas incluyen la distribución de información sobre los riesgos de las drogas, la provisión de agua y espacios de descanso, y en algunos casos, el testeo de sustancias para identificar adulterantes peligrosos. Estas acciones buscan proteger la salud de los asistentes sin recurrir a la criminalización. A su vez, se desarrollaron programas en comunidades vulnerables, donde el consumo de drogas está asociado con la pobreza y la exclusión social. Estos programas no sólo ofrecen apoyo y recursos a los usuarios, sino que también trabajan en la prevención y en la mejora de las condiciones sociales y económicas de las comunidades. No obstante, una parte crucial del nuevo paradigma es la educación. Se realizan campañas de sensibilización que buscan cambiar la percepción social sobre el consumo de drogas, enfatizando la importancia de tratarlo como un problema de salud pública. Estas campañas también se enfocan en la formación de profesionales de la salud y la seguridad, para que adopten enfoques más comprensivos y menos punitivos.

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A pesar de los avances, la implementación del nuevo paradigma enfrenta varios desafíos. La Ley 23.737, que penaliza la tenencia y el uso de drogas, sigue siendo un obstáculo significativo. Además, la falta de financiamiento y el estigma social contra los usuarios de drogas complican la expansión y efectividad de los programas de reducción de daños.

 

Sin embargo, el cambio de paradigma también ofrece muchas oportunidades. La creciente aceptación social de políticas más humanas y efectivas abre la puerta a reformas legislativas y a una mayor inversión en programas de salud pública. La colaboración con organismos internacionales y el aprendizaje de experiencias exitosas en otros países también pueden fortalecer las iniciativas locales.